Bolivia no debe perder el control de sus reservas

Andrés Solíz Rada*

Abogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia.

En mi condición de ex Ministro de Hidrocarburos y Energía del Presidente Evo Morales y co-partícipe del Decreto de Nacionalización del Gas y del Petróleo del primero de mayo pasado, hago conocer mis opiniones sobre los contratos petroleros, suscritos el 28 y 29 de octubre pasados, que, por 30 años, autorizará y aprobará en próximos días el Congreso de la República.
Tales opiniones, acompañadas de reflexiones adicionales, son los siguientes:
Primera.- Mientras PETROBRAS, en informe al pueblo brasileño, de 31 de octubre último, sostiene que los contratos le autorizan a contabilizar las reservas que seguirá explotando en Bolivia, voceros del gobierno boliviano han afirmado que tales reservas, en cumplimiento de la Carta Magna, del Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, de la Ley 3058 de 17 de mayo de 2005 y del Decreto de Nacionalización, son de propiedad del Estado nacional.
Al tratarse de un tema que afecta a la totalidad de las reservas de hidrocarburos actuales y futuras del país, cuyo valor, anotadas como títulos valores (ya sea como acciones o bonos) ascienden a más de 200 mil millones de dólares, no puede quedar sujeto a ninguna duda o incertidumbre. Por esta razón, sugiero que el Congreso redacte un artículo en el que se prohíba a las compañías anotar nuestras reservas en bolsas de valores, ya que ellas son de propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado. Por decisión parlamentaria, YPFB debe incluir esa cláusula en los contratos petroleros, sin la cual no podrán ejecutarse, por tratarse, precisamente, de contratos de operación, como informan las autoridades bolivianas. Las reservas, al ser de dominio absoluto del Estado, deben servir para que la refundada YPFB emita bonos, reconocidos por las bolsas de valores, lo que le permitirá contar con el capital que requiere para ingresar, de manera efectiva, en el control de la cadena productiva y en proyectos de industrialización del gas, como señala el Decreto de Nacionalización. Sin esta definición, incluida, además, en el proyecto de ley de refundación de YPFB, elaborado por el Ministerio a mi cargo y que encuentra en el Parlamento, para su tratamiento respectivo, la industrialización de los hidrocarburos sólo quedará en enunciado.
Segunda.- El Congreso Nacional no puede suscribir contratos definitivos con temas pendientes. Si en los contratos existen cláusulas provisionales relativas a montos de inversión y depreciación (anexo "G") la autorización y aprobación de los contratos también debe ser provisional, en tanto se conozca con exactitud esas cifras que, durante tres décadas, influirán en las fórmulas de cálculo de ingresos para el país. Tales cifras deben ser públicamente contrastadas con las auditorias que se están realizando, campo por campo, en cumplimiento del Decreto de Nacionalización y ejecutadas por empresas auditoras contratadas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. En materia petrolera, la diferencia de centavos se traduce en beneficios o perjuicios que afectan enormemente al interés nacional.
Tercera.- No se justifica la suscripción de contratos sobre campos marginales, por los que, según anuncio oficial, YPFB subvencionará con 10 millones de dólares anuales a las compañías. Es preferible que las compañías cumplan su amenaza de abandonar estos campos, a fin de que YPFB los explote mediante contratos de operación con PDVSA, entidad que, con espíritu bolivariano, respalda de manera decisiva la nacionalización y ha anunciado su decisión de participar en tareas de exploración y explotación en el país. El gas y petróleo de esos campos puede ser inmediatamente destinado a la industrialización con la estatal venezolana. Por otra parte, es preocupante que en la suscripción de contratos, YPFB no hubiera reservado áreas importantes para explorarlas y explotarlas de manera directa.
Cuarta.- Los contratos no deben encubrir los delitos de contrabando, evasión impositiva y estafa agravada, cometidos por empresas como Andina, Chaco, Repsol y Petrobrás y que están siendo juzgados en la justicia ordinaria. Debe proseguir el juicio contra los responsables del ingreso de la ENRON al país, iniciado por Juan Carlos Virreyra y ampliado en mi gestión ministerial. En esa misma gestión, se impulsó el Decreto Supremo que declaró de prioridad nacional la construcción del Gasoducto Boliviano de Occidente (GABO), el que, al articular los mega campos con el occidente de Bolivia, impulsará la industrialización de los departamentos productores, en primer término, y del conjunto del territorio nacional.
Quinta.- En el país se ha desatado un falso debate, relativo a si el Decreto de primero de mayo de 2006, implica o no la nacionalización de los hidrocarburos. Cada nacionalización es diferente y tiene sus propias características. Si el mencionado Decreto buscaba que Bolivia recupere la propiedad del gas y del petróleo, el control y participación de YPFB en la cadena de hidrocarburos y el monopolio de la comercialización ha cumplido su objetivo.
La tercera nacionalización se llevó a cabo dentro de un proceso democrático, con las reglas de la democracia liberal, inexistente al expulsarse a la Standard Oil, en 1937, y a la Gulf, en 1969. Se trata de la primera nacionalización ejecutada en el Tercer Mundo, en el marco de la brutal globalización económica, impuesta a los países semicoloniales, con el poderoso respaldo del Consenso de Washington. Es innegable, asimismo, que la Nacionalización ha recuperado la dignidad y la autoestima de nuestro pueblo. Considerar que sólo hay nacionalizaciones si los países sometidos sufren embargos, bloqueos e intervenciones militares es una limitación en el análisis.
El Presidente Morales está mal asesorado cuando se le dice que la nacionalización se completará sin expropiaciones ni indemnizaciones. El país está obligado a expropiar e indemnizar por las acciones de Transredes, Chaco y Andina, si las auditorias demuestran que han cumplido sus compromisos de inversión y obligaciones impositivas. Lo mismo ocurre con las refinerías de Petrobrás y los poliductos de la compañía alemana-peruana CLHD, a fin de controlar el 50 más uno de sus paquetes accionarios, como dispone el Decreto de Nacionalización. La expropiación con indemnización es un derecho irrenunciable del Estado, reconocido por el artículo 22, parágrafo 2º de la Constitución Política del Estado.
La Nacionalización fue adoptada en un contexto internacional muy desfavorable, al tener que enfrentar la agresividad de George W. Bush y de sus aliados de los países de Europa Occidental, unidos en la defensa ciega de sus empresas petroleras. Entre los vecinos, no era posible encontrar apoyos decididos (aunque hubo algunos respaldos indirectos) del gobierno de Michelle Bachellet, aliado privilegiado de los centros de poder mundial, de Kichner, maniatado por las transnacionales asentadas en la Argentina, ni del régimen de Lula, condicionado por Petrobrás, empresa que ha enajenado el 62 por ciento de sus acciones en favor de transnacionales petroleras. Debía considerarse, además, que en Perú y Paraguay existen tropas norteamericanas, con todo el riesgo geopolítico que ello implica.
Sexta.- El Decreto fue dictado en medio de riesgos de disgregación nacional. Recuérdese que el asesor del vicepresidente de EEUU, Mike Falcoff, aseguraba que el país pronto sería borrado del mapa, que el ex Ministro de Defensa de Argentina, Jorge Pampuro decía que Bolivia se había "libanizado" y que el FMI advirtió que el país sólo era viable si mantenía las políticas de Sánchez de Lozada. Lo anterior iba acompañado de proclamas para fundar la "Nación Camba", la "República Aymara" o designar gobernadores en Santa Cruz y Tarija, mediante cabildos, con ayuda financiera de las Petroleras. En esta materia, la intervención de Transredes (Enron-Shell) se tornó inocultable.
Su aprobación se produjo gracias al fuerte respaldo que tiene el Presidente Evo Morales en los sectores indígenas, campesinos y de trabajadores, así como en las Fuerzas Armadas y capas medias empobrecidas. Sin embargo, y paradójicamente, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, importantes sectores del proletariado minero, otrora vanguardia de la clase obrera, han anunciado que defenderán con armas y cargas de dinamita los yacimientos mineros controlados por las trasnacionales, las que, a su vez, tienen el apoyo de varias cooperativas del sector.
Si bien el abrumador triunfo de Evo Morales, en los comicios del 18 de diciembre de 2005, frenó las tendencias separatistas, ellas no han desaparecido. Volverán a presentarse si el gobierno del MAS abandona la defensa de la soberanía nacional, la política de recuperación de los recursos naturales, la lucha contra la corrupción, la industrialización del país y la generación de empleos. No existe coordinación entre las reservas del Banco Central y el Plan de Desarrollo Económico del propio gobierno. Calificar a nuestras reservas monetarias de "sacrosantas", significa mantener concepciones neoliberales inaceptables. En mi gestión ministerial se logró que Petrobrás pagara, pese a la reticencia de sectores del propio gobierno, los primeros 160 millones de dólares provenientes de la participación adicional de los mega campos, como dispuso el Decreto de Nacionalización. Infelizmente, no se ha compatibilizado los mayores ingresos por los hidrocarburos con el citado Plan, con el riesgo de hacerlos desaparecer en obras de beneficencia.
Sexto.- El escenario creado por el Decreto de Nacionalización es un campo de batalla en el que se enfrentan quienes desean aplicarlo en su integridad y quienes pretenden frenarlo, desvirtuarlo y paralizarlo, como ocurrió con la Resolución Ministerial 207, que, en aplicación del Decreto, me cupo dictar a fin de que YPFB controle la producción y comercialización del petróleo crudo, asegurando ingresos adicionales a favor de YPFB por más de 10 millones de dólares mensuales y corrigiendo distorsiones en el pago a Petrobrás por la refinación del petróleo destinado al mercado interno y que, inexplicablemente, aún persisten en desmedro del consumidor boliviano. YPFB puede mantener su tradición de los últimos años de ente "residual", burocratizado, ineficiente y corrupto o convertirse en impulsor de la industrialización del gas y en conductor de la cadena hidrocarburífera del país.
Resulta penoso observar cómo políticas claudicantes en materia de recursos naturales utilizan poses indigenistas y radicales, invocando la defensa legítima de nuestras culturas, las que deben ser impulsadas en el marco de la unidad nacional, premisa mayor de la Asamblea Constituyente. 
*Abogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia.
Agradecemos al Dr. Solíz Rada por permitirnos publicar su carta abierta en nuestro blog.