El saqueador de Bolivia se llama Eike Batista

Juan de Toronto nos envía esta lectura.

LOS BOSQUES DE SANTA CRUZ EN PELIGRO DE CONVERTIRSE EN CARBON

El empresario brasileño Eike Batista dueño de la empresa EBX, principal accionista de la Termo Pantanal y socio de la Río Tinto en el Polo Siderúrgico de Corumbá se encuentra en el centro de atención por la presión que ejerce para obtener la licencia ambiental de los hornos de procesamiento de hierro en base a carbón vegetal que ilegalmente ha construído en la frontera con Brasil.

EBX acaba de concluir la construcción en Puerto Quijarro de una planta con hornos para producir arrabio a partir de mineral de hierro proveniente de Corumbá, en base a carbón vegetal del Pantanal boliviano, sin contar con licencia ambiental, tal como lo establece la legislación boliviana. Al mismo tiempo, la legalidad de su actuación en Bolivia está en duda por el carácter provisional de la sociedad conformada con los administradores de la Zona Franca de Puerto Suárez, la sociedad anónima ZOFRAMAQ S. A.. A ello se añade que esta sociedad provisional fue conformada en fecha posterior al inicio de la construcción de la planta y que ZOFRAMAQ es a su vez una sociedad anónima conformada con objetivos exclusivamente de manejo, almacenamiento y despacho de cargas y maquila[1].

Dicha empresa es también una de las postulantes de la Licitación del Mutún, suspendida por el gobierno del entonces presidente de la República Rodríguez Veltzé cuando se iba a proceder a la apertura de propuestas, posteriormente ampliada por el actual presidente Morales. La suspensión se debió las irregularidades encontradas en el proceso iniciado bajo el gobierno de Carlos Mesa, entre ellas la orientación de los procedimientos para favorecer a la empresa EBX, mediante la adecuación de la licitación a la tecnología propuesta por esta empresa, es decir la fabricación de arrabio (hierro reducido) con carbón vegetal, a pesar que el interés del Estado era la industrialización de hierro mediante procesos en base a gas, lo que implica la utilización de una tecnología completamente diferente.

Cuando la Licitación del Mutún fue suspendida, en diciembre del 2005, Eike Batista supo que jamás lograría la adjudicación en un proceso transparente, por lo que aceleró la construcción de los 4 altos hornos en Puerto Suárez, en alianza con la administración de ZOFRAMAQ, los grupos empresariales Tumpar y Monasterios (Fernando Monasterios, Fernando Tuma, Carlos Alberto Parejas, Ernesto Monasterios, Enrique Menacho, Carlos Zenzano, Carlos Krutzfeldt), de quienes arrendó 282 hectáreas terrenos en la Zona Franca de Puerto Suárez, a través de un contrato provisional de riesgo compartido en plena frontera.

Para ello, Eike Batista creó en mayo del 2005, EBX Siderurgia de Bolivia conformada por su bufette de abogados Javier Urcullo, Jose Antonio Criales y Maria Eugenia Antezana, con un capital de 5000 dólares para invertir en siderurgia y minería. El 20 de septiembre del mismo año firmó un contrato provisional de riesgo compartido con ZOFRAMAQ, pero las plantas de arrabio ya habían iniciado su construcción varios meses antes, tal como da cuenta la prensa cruceña, sin autorización alguna. La participación de ZOFRAMAQ en el contrato es del 1%, es decir, su función es la de prestar terrenos para la instalación de la empresa brasileña en plena frontera, pero la propiedad del proyecto es de EBX en un 99%.

Durante el 2004, Eike Batista logró vencer el rechazo de la Cooperativa Rural de Electrificación CRE que se oponía a la venta de gas barato al Brasil, habiendo incluso, realizado movilizaciones con los cívicos de la región, logrado un decreto que prohíbe expresamente la venta de gas por ramales secundarios. El argumento esgrimido era que no se podía entregar el gas para impulsar la competencia brasileña, en lugar de promover la industria nacional con el gas que constituye la principal ventaja de la región para atraer inversiones. Sin embargo, con su inclusión como accionista de la Termo Pantanal, la CRE cambió rápidamente de opinión. Es más, según Batista, la CRE entró en la sociedad con una función estratégica: viabilizar el abastecimiento de gas a través de un ramal "particular" del gasoducto Bolivia-Brasil. Con una empresa boliviana en la sociedad, sería más fácil abrir camino para la construcción de un ducto alternativo y con tarifas más bajas. Además de la CRE, entró en la sociedad Petrobrás Bolivia, que abastece de gas a MSGas, la empresa que distribuye el energético en Matto Grosso do Sul y que a su vez lo entregaría a la Termo Pantanal.

Pero EBX logró aún más con la CRE: el 30 de septiembre del 2005, Sandro Giordano, presidente interino del país, en un tiempo record de una semana, promulgó la Ley 3183 que autoriza la exportación de gas por el ramal Mutun Corumbá para la Termo Pantanal, al precio que establece la nueva Ley de Hidrocarburos para el consumo interno, es decir, a precio subsidiado.

Desde 1983 Eike Batista, el barón de la energía, incursiona en diferentes proyectos a través de su grupo empresarial que incluye como MPX (energía), AMX (recursos hídricos: dice haber descubierto agua en el desierto de Atacama, con la que alimentará las minas de cobre) y MMX (siderurgia).

El 2006 Eike Batista ha sido calificado por la prensa internacional como especulador, debido al escándalo suscitado con la Termo Ceará, una termoeléctrica de Brasil por la que obtuvo un contrato lesivo firmado con el ex presidente Enrique Cardoso, que incluye la cláusula denominada "contribución contingente", por la que Petrobrás paga mensualmente todos los costos de inversión de la empresa sin obtener ninguna renta.

El 16 de febrero del 2005, la empresa MPX (sociedad de EBX y MDU de EUA) fue multada con la suma de 2976 millones de reales por presentar informaciones falsas a la Agencia Nacional de Energia Eléctrica ANEEL. La multa había sido aplicada en julio del 2004, pero un recurso presentado por EBX retraso la divulgación de las investigaciones.

Para la planta de Bolivia, EBX sostiene que requerirá 450000 tn de carbón vegetal provenientes de bosques nativos. Según cálculos de la Dirección Forestal y de la misma EBX, para las primeras fases se requerirá, no solo deforestar todo el Pantanal boliviano y toda la provincia German Busch, sino todo el bosque nativo del departamento de Santa Cruz, a una tasa de 12,750 hectáreas por año. Posteriormente, la empresa propone sembrar eucaliptos en el humedal más importante para el clima del planeta.

El Pliego de condiciones y el Borrador de Contrato de Riesgo Compartido de la Licitación del Mutún, adaptados a la empresa EBX y que están siendo modificados por el actual gobierno establecían además:

- Que todas las obligaciones de las partes quedaban suspendidas en la medida que el estudio de impacto ambiental no sea aprobado en forma definitiva por las autoridades competentes dentro de los 180 días de aprobado y autorizado el contrato por el poder legislativo.

- El derecho exclusivo de explotación de los yacimientos de caliza y manganeso. En cuanto al precio, este está estipulado en el Anexo 4 y señala que será calculado multiplicando el costo de producción por 0.05% para cada uno de estos productos. Además estos pagos serán considerados como pagos por participación del riesgo compartido. En otras palabras, no se paga por la caliza y el manganeso, a pesar de que este metal es considerado un elemento estratégico, por sus usos, su escasez, como su elevado precio.

- El uso y goce de todas las aguas, de los derechos de superficie, servidumbres, usos y costumbres correspondientes al área del contrato.

- Los ambientes de la escuela, hospital viviendas y equipos existentes en el área del contrato.

- La producción debería iniciarse recién a partir del sexto año de firmado el contrato. Mientras tanto la inversionista podía exportar mineral sin procesar, lo cual se mantenía una vez iniciada la producción de arrabio o hierro esponja, aunque limitado a tres veces el monto de dicha producción.

- El estado debía garantizar y asegurar el suministro de gas en cantidad y calidad necesarias para la ejecución del Contrato de Riesgo Compartido, por todo el periodo de su vigencia, al menor precio acordado y establecer la opción de la construcción de un gasoducto para este contrato. Esto significa que a pesar de que la producción de arrabio o hierro esponja recién se iniciaría el 6to año, o que la inversionista no hubiera propuesto un proceso tecnológico con alto uso de gas, desde el inicio del contrato el Estado debía garantizar la provisión de gas barato.

- En caso de existir conflicto entre el Contrato de Riesgo Compartido y cualquier ley, prevalecía el contrato.

- Se estableció la posibilidad de transferencia de los derechos de la empresa.

- Se establecieron como causas para terminar el contrato:

- Interrupción del suministro de agua. El proceso de tratamiento de hierro es altamente demandante de agua y altamente contaminador.

- Si el Estado no garantizase la pacifica posesión

- Si no se hubieran otorgado las licencias ambientales no obstante el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la inversionista. Ningún Estado puede hacer este tipo de afirmaciones en contra de si mismo, al señalar que sus funcionarios pueden rechazar licenciamientos en contra de los procedimientos establecidos.

- En caso de que no se hubiera firmado el contrato para la provisión de gas con términos satisfactorios en cuanto a cantidad y precios.

En consecuencia, se trata de otra gran estafa. Es claro que Eike Batista y su grupo empresarial requieren apoyar las movilizaciones y desinformación que consideren necesarias para salvar las inversiones efectuadas con el fin de obtener la aprobación de la Licencia Ambiental, aunque eso signifique dejar Santa Cruz sin un metro cuadrado de bosque nativo y los innumerables y negativos impactos socioambientales en la región y el mundo.

Es claro también que no les interesa el Mutún, pero si ganar la licitación para obtener la provisión de gas para sus enormes inversiones minero siderúrgicas en Matto Grosso y también interesa a Batista, con sus socios, agotar los bosques nativos del Pantanal boliviano, algo que ya no pueden hacer en Brasil. El 24 de Enero del 2006 el IBAMA (Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales renovables) multó con 24 millones de reales a dos siderurgias de Matto Grosso do Sul por irregularidades en el consumo de carbón vegetal.

El chantaje realizado con el supuesto despido de 500 trabajadores de EBX y de la empresa Bolinter que construyó los hornos, por el rechazo del gobierno a la licencia ambiental, encubre el hecho de que a la conclusión de las obras de todos modos se despedirían a los obreros. Además se oculta la información sobre la escasa generación de empleo de este tipo de industria y que la única mano de obra que requiere será como agravante para la tala de árboles a ser adquiridos a precios absurdos.

En consecuencia la búsqueda de la sustentabilidad y el desarrollo de la región pasa por:

Escuchar las voces de los pantaneros y chiquitanos, poblaciones indígenas, campesinas y comunidades de la provincia Germán Busch y en especial de las poblaciones de frontera, como San Pedrito, Chalera, San Juan del Mutún, Carmen de la Frontera y otras, cuyas visicitudes solo para transportarse, para acceder al agua, gas, servicios y educación son dramáticas mientras observan impotentes como el gas boliviano da energía a las actividades del otro lado de la frontera.

Es hora de que el país dirija su mirada hacia el Pantanal boliviano, el territorio y sus habitantes, para conocer y valorar los conocimientos, vocación y esperanzas de los pobladores comunitarios de esta región del país, de modo de generar cambios profundos en las políticas hasta ahora implementadas de abandono de los territorios de frontera, de entrega de sus recursos y de olvido de sus pobladores.

Pedir a la Embajada de Brasil en Bolivia viabilizar el retiro inmediato del territorio boliviano de la empresa EBX, y que entregue toda la información referente a los procesos que enfrenta en la justicia de Brasil.

En la nueva etapa de cambios que vive el país no se puede permitir la legalización de lo ilegal. Por los principios de soberanía e independencia, el caso de EBX y otros similares por explotación de hidrocarburos y minería deben ser investigados y sancionados como corresponde, dando cumplimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente y el cuerpo normativo vigente.

Los recursos naturales del país constituyen el patrimonio de bolivianos y bolivianas. Su utilización para el desarrollo, la generación de empleos y el crecimiento económico requiere de la transversalización de políticas que garanticen la sustentabilidad social y ambiental, es decir que garanticen el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.


21 de Abril del 2006

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[1] Empresas internacionales, generalmente fronterizas, que operan por subcontratación por parte de empresas de otro país donde los productos finales son reimportados sin el pago de derechos de aduana.



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